Al compartir que mil 250 escuelas de las 20 mil existentes en la entidad fueron vandalizadas y sufrieron robo de mobiliario, insumos y equipamiento durante la pandemia, el diputado Rigoberto Vargas Cervantes propuso penas de nueve a 15 años de prisión por el robo de escuelas e inmuebles destinados a actividades educativas, castigo que podría llegar hasta 23 años si el delito es cometido por una persona servidora pública del ámbito educativo.
La iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de México propone que, además del castigo descrito, se impongan de dos a cinco años de prisión cuando en el delito se use algún tipo de violencia o se dañe la infraestructura, mobiliario o instalaciones hidráulicas o eléctricas del centro educativo, así como de tres a ocho años de prisión cuando el delito sea cometido por personal del ramo educativo.
La propuesta busca establecer una correcta proporcionalidad en las penas a quienes cometan el delito de robo, estableciendo agravantes que garanticen la seguridad en las escuelas, prevengan este tipo de acciones, eviten la afectación de quienes prestan servicios educativos y pondera el derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes.
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia analizará esta propuesta.
