CANCÚN, QUINTANA ROO, 09NOVIEMBRE2020.- Mujeres protestaron por el feminicidio de Vianca Alejandría, las inconformes realizaron pintas en el edificio del gobierno local pero fueron agredidas por policías que salieron del lugar haciendo disparos al aire, se habla de una persona herida, varias de las manifestantes fueron detenidas. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM
Este martes, tras el operativo policial que reprimió con armas de fuego una manifestación por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado en Cancún, el ex jefe de la policía del municipio de Benito Juárez, Eduardo Santamaría, fue removido de su puesto. Horas más tarde, el jefe de la policía de Quintana Roo, Alberto Capella, renunció a su puesto ’de forma temporal’, bajo el argumento de que así asumiría la responsabilidad por los delitos que cometieron los elementos bajo su mando.
El gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, y la presidenta municipal, Mara Lezama, también aseguraron que investigarán las agresiones y denunciarán a los responsables. Esto, después de que ambos han rechazado la violencia ejercida, pero también la responsabilidad por las acciones de los policías. El presidente López Obrado condenó la represión y celebró la iniciativa del gobernador.
’El que hayan destituido a Santamaría es sólo la atención a un síntoma’, explica el maestro en Ciencias Penales y especialista en Inteligencia y Procesos de Seguridad, Ramón Celaya Gamboa, ’la policía tiene una dependencia y una responsabilidad política’. En Quintana Roo, la policía está configurada bajo el sistema de mando único. Esto significa que las policías municipales obedecen al jefe de la policía estatal en sus despliegue operativo. Sin embargo, la administración de los cuerpos municipales es local, por lo que también es responsabilidad de los ayuntamientos.
De acuerdo con Celaya Gamboa, el problema con la policía de Benito Juárez, Quintana Roo es el problema de las policías locales en todo el país. Los protocolos de acción en situaciones como manifestaciones están establecidos en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza que, por supuesto, prohíbe terminantemente el uso de armas de fuego contra los participantes de manifestaciones o reuniones públicas.
La nula aplicación de los protocolos a nivel nacional obedece a causas políticas. El especialista explicó a Infobae México que las presidencias municipales tienen la costumbre de renovar el personal de seguridad pública municipal cada vez que comienza una administración local, es decir, cada 3 años. Así, los elementos carecen de entrenamiento para realizar sus labores.
CANCÚN, QUINTANA ROO, 09NOVIEMBRE2020.- Mujeres protestaron por el feminicidio de Vianca Alejandría, las inconformes realizaron pintas en el edificio del gobierno local pero fueron agredidas por policías que salieron del lugar haciendo disparos al aire, se habla de una persona herida, varias de las manifestantes fueron detenidas. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM
Dignificación policial
’O se toma con seriedad el mando único, o se desecha el modelo’, advirtió Celaya. Para tomarlo con seriedad hacen falta dos cambios generales. El primero es garantizar la dignificación policial. Esta consiste en el pago de un sueldo digno a los elementos y en la seguridad laboral.
En gran parte de los municipios del país, los policías reciben un salario que ronda los 4 mil pesos mensuales. El pago de estas nóminas es responsabilidad de los ayuntamientos, mientras que el presupuesto para las mismas es algo que deciden los diputados federales. ’El salario mínimo debería ser de 16 mil pesos mensuales para todos los policías’.
El especialista explica que los policías reciben dinero de dos fondos federales, el programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones (FORTAMUN). El FORTASEG está a punto de ser eliminado por el Congreso en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 y el FORTAMUN no está regulado legalmente, por lo que los alcaldes exprimen ese dinero por provecho electoral.
Criticó también el presupuesto millonario de la Guardia Nacional, que es un órgano supuestamente civil sin una definición jurídica concreta.
En cuanto a la estabilidad laboral, los puestos policiales son vulnerables a estas ’limpiezas’ de cada 3 años. Estas condiciones laborales prácticamente son una invitación para que los elementos de seguridad acepten trabajar con los grupos del crimen organizado que ofrecen condiciones más lucrativas.
Organización
La segunda exigencia de un modelo de mando único serio es la correcta distribución de labores. ’Hemos visto elementos de la Guardia Nacional cuidando casetas’, ejemplifica Celaya Gamboa y da un breve recuento de qué es lo que, en teoría, tendría que estar haciendo cada escalón de la jerarquía de seguridad pública.
Las policías municipales deben operar bajo un modelo de proximidad con la ciudadanía y primer contacto en las calles. Esto también significa que deberían ser accesibles para que las personas puedan acercarse e informar qué necesitan en materia de seguridad. De ellos también dependería la atención a la convivencia social, es decir, resolver riñas y prevenir delitos como asaltos y violaciones en la vía pública. Para hacer todo eso necesitan, además de condiciones laborales dignas, más personal, que también es responsabilidad de los municipios.
Luego, los policías estatales deberían tener a su cargo la vigilancia de carreteras, la contención al robo de vehículos y otros delitos contra la propiedad. Finalmente, a nivel federal, que antes era responsabilidad de la Policía Federal y ahora depende de la Guardia Nacional, está la atención a los delitos contra la salud, es decir, el combate al narcotráfico.
Hace falta resaltar dos anotaciones de Ramón Celaya Gamboa en esta jerarquía, la primera es que la investigación de los delitos es responsabilidad de las Fiscalías y Ministerios Públicos, que tienen sus propias divisiones de policías de investigación y que trabajan en coordinación con los departamentos de policía.
El colapso absoluto de la investigación delictiva en México es otro tema grave que, a fin de cuentas, carga con parte de la culpa por la impunidad en crímenes como el feminicidio de Alexis. Es la parte del sistema que merece protestas como la del lunes 9 de noviembre en Cancún.
La segunda anotación a los problemas de organización es que, junto con la Policía Federal, el gobierno de México desapareció el único sistema estandarizado de entrenamiento y educación en seguridad pública, ’por eso las policías actúan sin rumbo’.
Manifestaciones en la CDMX
Infobae México también preguntó a Celaya Gamboa sobre los protocolos correctos para la atención de manifestaciones. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza es muy clara al respecto, ’En estos casos, la actuación policial deberá asegurar la protección de los manifestantes y los derechos de terceros, así como garantizar la paz y el orden públicos’, dice el documento.
Luego refiere a los ’niveles del uso de la fuerza’ para la acción policial en manifestaciones que se tornen violentas. Las armas de fuego están prohibidas y las armas incapacitantes, como las sustancias irritantes en aerosol, así como las técnicas de neutralización como ’encapsular’ son el último recurso en caso de violencia.
’El problema de la Ciudad de México es que no ha sabido diferenciar una manifestación violenta’, explicó el especialista y dijo que todas las manifestaciones de los policías de la CDMX han encapsulado y golpeado a los manifestantes siguen siendo pacíficas en términos protocolarios, aun con las pintas y el daño a la propiedad. ’Para que una manifestación sea considerada como violenta, tiene que estar en riesgo la vida del personal de seguridad o del público’, si no es así la manifestación es pacífica y, por lo tanto, la represión policial estaría considerada como uso excesivo de la fuerza, que es un delito.
