San Salvador Atenco, Mèx., 10 de febrero.- El Colectivo de Sobrevivientes de la Tortura de Atenco (Costa) interpondrá una denuncia ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), para que se investigue y en su caso se castigue a los responsables de la tortura ocurrida durante la represión y toma del poblado de San Salvador Atenco por parte de las fuerzas federales y estatales los días 3 y 4 de mayo de 2006, donde fueron detenidos más de 200 campesinos, hubo violaciones a decenas de mujeres y fueron asesinados el estudiante de la UNAM, Ollín Alexis Benhumea Ramírez y el joven Francisco Javier Cortès.
El colectivo consideró que en la país están agotadas todas las instancias para hacer justicia y por el contrario durante 14 años ha habido una expresión del Estado Mexicano muy clara de que no van investigar.
La denuncia que interpondrán será contra Vicente Fox Quesada, expresidente; Eduardo Medina Mora Icaza, entonces secretario de Seguridad Pública Federal; Miguel Ángel Yunes, ex coordinador Nacional del Consejo de Seguridad Pública; Ardelio Vargas Fosado, exjefe del Estado Mayor de la Policía Federal.
Además de Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del estado de México, Humberto Benítez Treviño, exsecretario de gobierno estatal, Wilfrido Robledo Madrid, ex comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, entre otros.
En conferencia de prensa, el abogado del colectivo Juan de Dios Hernández Monje explicó que la denuncia se motiva frente a la inacción y simulación judicial que hay en México, desde la declaratoria de incompetencia de la entonces PGR para seguir conociendo del delito de tortura, pasando por la simulación de juicios en el Poder Judicial del Estado de México en contra de los autores materiales, médicos legistas, peritos y policías que iban en los camiones (por acción o por omisión).
’Y lo más importante, frente a las abrumadoras evidencias de que en el ámbito nacional nunca ha existido la intención de investigar y sancionar a los autores intelectuales de los delitos de lesa humanidad y violaciones graves de nuestras garantías individuales, a los que ordenaron, planearon y ejecutaron los actos de tortura los días 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco’, dijo.
Destacó que harán llegar al fiscal toda la documentación al respecto como la resolución emitida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por loe hechos; la recomendación emitida por a Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los expedientes de los sobrevivientes de la tortura, además de la información documental bibliográfica hemerogràfica y fílmica.
’Sabemos que no ha prosperado una sola denuncia presentada por otras personas ante la Corte Penal Internacional y creemos que deriva de un error táctico el hecho de que se haya pretendido, sin cubrir los requisitos del permiso del presidente y del senado, querer involucrar al pleno de la CPI. Nosotros estamos queriendo introducir atravès del fiscal de la corte y que solicite él mismo, a la CPI, la autorización para realizar una investigación oficial y completa que puede culminar con una sentencia histórica que ponga fin a la impunidad absoluta que existe en México en los delitos de lesa humanidad’, expresó.
Blanca Santillán del Colectivo contra la Tortura e Impunidad sostuvo que fue muy grave que en las investigaciones que la CNDH emprendió de los hechos en su momento no manifestó que fueron torturados sino manifestó que fueron lesionados.
’La CNDH encubrió el delito de tortura y una violación de lesa humanidad lo sostenemos esto porque la recomendación que emitió en su momento fue débil y frágil y no corresponde a los estándares internacionales en materia de tortura y desde luego México está obligado a responder sobre esto’, apuntó.
María Luisa López Moran, Pedro Rivero e Inés Rodolfo Cuéllar integrantes del Colectivo afirmaron que durante 14 años han estado esperado y resistido y hoy han decidido ir en busca de la justicia internacional.
MAYO ROJO
En 2006, en San Salvador Atenco ocurrió una de las represiones más violentas. El 3 de mayo, la lucha por los espacios para la venta en vía pública, frente al mercado municipal, Belisario Domínguez en Texcoco, fue la detonante para que el gobierno del estado de México, al mando de Enrique Peña Nieto, montara una estrategia, en complicidad con el ayuntamiento perredista, para vengarse del movimiento atenquense que años atrás había echado abajo uno de los mayores proyectos económicos del país, el de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
Ese día, los miembros del FPDT fueron golpeados y se atrincheraron durante nueve horas en una vivienda, de donde fueron sacados a la fuerza y detenido el dirigente Ignacio del Valle Medina. Al mismo tiempo y en respuesta a la acción policíaca, los pobladores de Atenco bloquearon la carretera y la policía los enfrentó deteniendo a decenas de ellos. Ese 3 de mayo, durante el enfrentamiento, el joven de 14 años, Francisco Javier Cortés Santiago cayó asesinado por un disparo de arma de fuego, proveniente de las armas de los policías.
La madrugada del 4 de mayo, la acción policiaca continuó contra el pueblo de Atenco y miles de policías incursionaron en la comunidad. Utilizando gases lacrimógenos, catearon casas, detuvieron a cientos de ejidatarios y en el traslado hubo abuso sexual hacia las mujeres. En la refriega fue herido el estudiante de la UNAM, Ollín Alexis Benhumea Ramírez, quien fue impactado por uno de los proyectiles de gas lacrimógeno, lanzados por la policía y quién 34 días después murió.
El dirigente, Ignacio del Valle fue encarcelado en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano y condenado a 112 años de prisión, quién a la postre lograra su liberación años después. Más de 200 campesinos fueron recluidos en el penal de Santiaguito, que también lograron su libertad.