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OAXACA, OAX.- Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), estableció, que promoverá la revisión de expedientes de mujeres indígenas en reclusión, donde se fomentará la ejecución de sus derechos y se apoyará a traductores de lenguas indígenas para que las acerquen a la justicia que merecen.
En el marco de la firma del Acuerdo estatal por una vida libre de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, la funcionaria federal reconoció que todavía existe un largo camino para lograr el acceso a la justicia para las mujeres y niñas indígenas, que son particularmente vulnerables a la discriminación por etnia y sexo, “algo que lamentablemente está ausente en el sistema penal y acusatorio”.
Señaló que la ley, por sí sola, no produce justicia, por lo que se necesita impactar a fondo en el sistema, actualizando a las y los operadores de justicia en el manejo de las leyes nacionales e internacionales que, con perspectiva de género, protegen los derechos de las mujeres.
Cruz Sánchez manifestó que el acuerdo signado en esta ciudad expresa la voluntad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de la sociedad de Oaxaca, para garantizar a las mujeres, adolescentes y niñas una vida libre de violencia.
La titular de INMUJERES, sostuvo que, “este valioso acuerdo ofrece al país un ejemplo de cómo se pueden superar diferencias para robustecer las políticas de Estado en materia de igualdad entre mujeres y hombres”.
Con el acuerdo, dijo, el gobierno y la sociedad de Oaxaca dan un paso decisivo para institucionalizar la perspectiva de género en su normatividad, política y quehacer cotidiano.
Oaxaca, puntualizó, inicia un proceso de cambio cultural sin precedentes, en beneficio de mujeres, niñas y adolescentes, así como de la sociedad en su conjunto.
La funcionaria federal, detalló que la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto es trabajar de mano con los gobiernos estatales para hacer frente a una causa común: combatir la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.
A su vez, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón García, dijo que será imposible lograr el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres mientras subsista la violencia en patrones socio culturales que convierten a ésta en práctica cotidiana y, peor aún, en una acción aceptada.
Por dicho motivo, señaló, es obligatorio construir una agenda efectiva de políticas, programas y acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres: “Si no combatimos la violencia contra las mujeres, difícilmente vamos a poder reducir los índices de violencia en nuestro país”.
En su oportunidad, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, dejó en claro que su administración no le teme a la declaratoria de una alerta de género: “Estaremos atentos y sensibles a asumirla cuando las condiciones lo ameriten. Con una muerte de una mujer es suficiente para alertarnos. El gobierno de Oaxaca no le teme a un señalamiento de esta naturaleza porque no es un tema de omisión del Estado, sino es responsabilidad de todos”.
Más que una alerta de género, apuntó, tenemos que hacer una alerta a la sociedad y un compromiso, todos juntos: “hay que hacer un compromiso de tener cero muertes en el estado”.
Lamentó que la violencia se presente en muchas comunidades de usos y costumbres, donde es natural golpear, vejar, lastimar, marginar, no permitir el derecho al voto, entre otras muchas cosas, a las mujeres.
El mandatario estatal enfatizó que los usos y costumbres contravienen la ley el derecho que tienen las mujeres a no ser lastimadas.
En tanto, Anabel López Sánchez, directora general del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, subrayó que este acuerdo manifiesta la voluntad política de suscribir compromisos concretos para generar políticas de Estado con el objetivo de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, así como establecer un vínculo entre el gobierno y la sociedad para que esta política de género dé soluciones efectivas.
Señaló que reconocer la gravedad de la violencia contra la población femenina es un signo de madurez de un gobierno democrático y constituye el primer paso para construir una política de Estado que dé soluciones urgentes al sufrimiento de las mujeres.