Para combatir las tomas clandestinas, el robo y la comercialización del agua potable en el Estado de México, el diputado Daniel Andrés Sibaja González propuso reformas al Código Penal para sancionar con penas de dos a seis años de prisión a quien sin causa justificada impida o restrinja de cualquier forma el flujo del agua destinado al suministro de las y los usuarios de dicho servicio, en tanto que podrían ser de hasta ocho años de cárcel en contra de quien la explote o comercialice.
Además, propone imponer de uno a tres años de prisión a quien sustraiga agua potable de la infraestructura hidráulica estatal y/o municipal, para uso no doméstico sin derecho y sin consentimiento de los prestadores de servicios conforme a la ley en materia del Estado.
La iniciativa que busca combatir el robo de agua especialmente en municipios donde su disposición es limitada, como Ecatepec, Tlalnepantla y Naucalpan, también propone sanciones en contra de quien, sin derecho y sin consentimiento de los prestadores de servicios señalados en la ley en la materia, posea, explote, comercialice y negocie agua potable sustraída de la infraestructura hidráulica.
Estas conductas se sancionarán con penas de uno a ocho años de prisión cuando las cantidades extraídas vayan de 400 litros a más de 10 mil, mientras que al propietario, arrendatario o poseedor de algún predio donde exista una toma clandestina y no la denuncie se le impondrán de dos a seis años de prisión.
La iniciativa será analizada por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Recursos Hidráulicos.
Proponen que administraciones municipales inicien funciones en octubre.
Al considerar que el inicio de las administraciones municipales resulta muy tardío en relación con la jornada electoral, pues ésta ocurre en el mes de julio del año electoral y asumen funciones hasta enero del año siguiente, el diputado Max Agustín Correa Hernández propuso que entren en funciones el 1 de octubre posterior a la elección y concluyan el 30 de septiembre del año de la siguiente elección.
El legislador argumentó que los casi seis meses existentes entre la elección y el inicio de funciones de los ayuntamientos limita la coordinación con los otros gobiernos municipales, los congresos federal y local, y sus homólogos de las alcaldías de la Ciudad de México y otras entidades federativas, así como para proporcionar los servicios públicos que requiere la ciudadanía.
La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal y al Código Electoral del Estado de México será analizada por las comisiones de Legislación y Administración Municipal y Electoral y Desarrollo Democrático.
