Purga priista

Hasta ahora no se sabe que el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, haya sido expulsado del PRI, por lo que son muchos los que se cuestionan, qué se necesita para que el PRI proceda en contra de los militantes que han sido acusados de delitos varios.

Y es que dentro del priismo se está gestando una purga, mediante la expulsión de una serie de militantes sumamente expuestos y que han sido exhibidos por diversos ilícitos cometidos al amparo del poder público.

No se trata de personajes cuya actuación haya sido investigada acuciosamente por los dirigentes del partido tricolor. Por el contrario son los mismos que han sido señalados una y otra vez, desde tiempo atrás y que la autoridad mantiene procesos abiertos en su contra.

Primero fuer Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz y por quien la PGR ofrece 15 millones de pesos por información que lleve a su captura y después tocó el turno a Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, de quien no se sabe nada desde hace cuatro años en que se empezó a rastrear su paradero y por quine la propia PGR ofreció 15 millones de pesos por su captura.

Los dos políticos en cuestión fueron señalados desde hace mucho tiempo por abusos en ejercicio del poder, enriquecimiento, omisión y en el caso del tamaulipeco por vinculaciones con la delincuencia organizada.

En el caso de Duarte todavía no se le acusa o persigue por ese mismo tema, pero la presencia del crimen organizado, la violencia desatada en su sexenio y otras situaciones hacen prever que pudiese suceder lo mismo y que, cuando menos, fue omiso en cuestiones de seguridad.

Los dos ex gobernadores expulsados del PRI fueron exhibidos una y otra vez por diversos delitos, sin que la dirigencia del PRI mostrara interés alguno por hacer suyo el tema.

Fue hasta que estalló el escándalo cuando voltearon los ojos para aplicar una sanción que en nada les ayuda.

Duarte y Yarrington, son políticos acabados, cuyas carreras terminaron precisamente después de sus malos gobiernos y no representan nada para el electorado y mucho menos para quienes pudieran incorporarlos a sus equipos de trabajo.

Lo curioso de ambos es que en algún momento de sus carreras, mientras gobernaban Tamaulipas y Veracruz, fueron ejemplo para el priismo.

Tomás Yarrington formó parte del TUCOM (Todos Unidos Contra Madrazo), grupo formado por los gobernadores de Coahuila, Enrique Martínez; Estado de México, Arturo Montiel; Hidalgo, Manuel Ángel Núñez y Enrique Jackson, además del propio Yarrington.

De entre ellos saldría el candidato que enfrentaría a Roberto Madrazo Pintado en la disputa por la candidatura presidencial.

El TUCOM estaba respaldado por los entonces gobernadores de Nuevo León, J. Natividad González Parás y de Sonora, Eduardo (Robinson) Bours Castelo y la profesora Elba Esther Gordillo.

De este grupo, la profesora Gordillo se encuentra presa, aunque no procesada y fue expulsada del PRI con anterioridad, en tanto que Montiel y González Parás han sido acusados de diversas corruptelas durante sus administraciones.

Ese ejemplar grupo se disolvió al difundirse diversas pruebas de la gran riqueza del entonces gobernador del Estado de México.

En el caso de Javier Duarte, el entonces gobernador de Veracruz fue puesto de ejemplo por el Presidente Enrique Peña Nieto como un ejemplo de la forma en que gobiernan los jóvenes.

Duarte de Ochoa fue bien visto desde Los Pinos y demás dependencias del Ejecutivo, con todo y que saltaban denuncias en su contra, sin que nadie se atreviera a investigarlas.

Y es que solamente ahogado el niño, corren las autoridades y los dirigentes del partido a tapar el pozo.

Es lo mismo que ocurre en el caso del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, del que existen evidencias de los abusos cometidos en su gobierno y los privilegios otorgados a familiares y amigos, al que solamente le suspendieron sus derechos partidarios.

Sin embargo, existen un grupo compacto de ex gobernadores que han sido señalados una y otra vez por su desaseo en funciones de gobierno o por corruptelas, sin que nadie alce la mano dentro de su partido para siquiera cuestionarlos.

Entre ellos se encuentra el ex gobernador de Michoacán, fausto Vallejo Figueroa, ya que en su intermitente gobierno creció la delincuencia, la violencia se generalizó y los grupos de autodefensa proliferaron ante la apatía del gobernador. Como si fuese poco, el gobernador que lo sustituyó durante algún tiempo, Jesús Reyna García, terminó en la cárcel y su propio hijo, Rodrigo Vallejo Mora, quien fue captado en amenas conversaciones con uno de los principales líderes del crimen organizado, por lo que pasó unos meses en prisión.

Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador de Nuevo León, fue señalado una y otra vez por los abusos cometidos por él y su familia, entre los que destacan enriquecimiento. Nunca se actuó en su contra, ni su partido salió a pedir explicaciones del asunto. Su sucesor Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, lo acusó de esos delitos y hasta encausó algunas pruebas que no procedieron ante las autoridades, aunque si en contra de varios de sus colaboradores.

Fernando Ortega, ex gobernador de Campeche, fue señalado por algunas irregularidades, aunque fue enviado como Embajador a Sudamérica, pero varios de sus colaboradores terminaron en la cárcel.

César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, dejó un gran endeudamiento de las finanzas públicas, además de beneficiarse él y sus amigos con los contratos de gobierno, por lo que ha sido denunciado desde hace tiempo por los beneficios otorgados a un banco del que él es socio.



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