Contexto Político

¿Quiénes pretenden desestabilizar a Guerrero?

Por Efraín Flores Iglesias

¿Quiénes pretenden desestabilizar a Guerrero?

Periodismo

Febrero 07, 2020 22:17 hrs.
Periodismo Estados › México Guerrero
Por Efraín Flores Iglesias › guerrerohabla.com

Desde la clandestinidad e inspirados por las luchas de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas –figuras históricas de la guerrilla en Guerrero–, mentes perversas pretenden por todos los medios hacer una nueva revolución armada desde estas tierras del sur. Y para ello, se han inmiscuido en organizaciones sociales para encabezar marchas y protestas violentas en contra del capitalismo y el Estado mexicano.
El gobierno federal los tiene muy bien ubicados, y no de ahora, sino desde hace un buen tiempo. El problema es que no los ha querido frenar y les ha permitido hacer y deshacer en algunos puntos estratégicos de las regiones de la Montaña, Costa Chica y Costa Grande, en donde tienen base social.
En muchas de las ocasiones han sido apoyados por asociaciones de derechos humanos, como es el caso de Tlachinollan, que dirige Abel Barrera Hernández.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tuvo en sus manos un informe en el que se detalla muy bien la operación guerrillera en Guerrero, las organizaciones y personajes que simpatizan con ’La Línea de la Esperanza’ (proyecto diseñado por el EPR y el ERPI que busca ’darle una vida libre e independiente’ a los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero).
Es más, Raymundo Riva Palacio, columnista de El Financiero, dio a conocer en noviembre de 2014 que ’el EPR y el ERPI, con sus organizaciones fachada en el frente de masas guerrillero, articuladas por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), las policías comunitarias y una parte del clero radical, impulsaban la consolidación de una nación indígena, para beneficiar al 15 por ciento de la población en Guerrero, 34 por ciento en Oaxaca y 26 por ciento en Chiapas, mediante el sometimiento del resto de la población en esa franja del sur del país, y la claudicación del Estado mexicano a administrar la cuenca del descontento’.
Refiere que el Cisen ubicó a Ramos Reyes Guerrero, en ese entonces dirigente de la CETEG, por sus vínculos con el Ejército de Liberación Nacional, una escisión del EPR que secuestró al abogado panista Diego Fernández de Cevallos en 2010.
’Opera desde Tlapa, en la región de La Montaña y tiene como lugartenientes, vinculados también con las guerrillas, según el Cisen, a los maestros Pedro Eligio Cabañas, en Cualac –hermano de Lucio Cabañas, el dirigente guerrillero histórico–, Taurino Rojas, simpatizante del EPR, en Metlatónoc, y Florencio Andreu Castañeda, en Olinalá. Otro líder del magisterio disidente, como Minervino Morán, exvocero magisterial, es simpatizante del ERPI’.
También señala que el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), cuya función central es articular los vínculos a nivel nacional, ’está el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que dirige Abel Barrera, y cuyo asesor jurídico, abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, es Vidulfo Rosales, quien ha participado en actos de organizaciones fachada del ERPI’.
Otro que está plenamente identificado de tener nexos con el ERPI es Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, y a la vez defensor y adoctrinador en la normal de Ayotzinapa.
SUÁSTEGUI-MOLINA, ¿MARIONETAS?.- En la última década, Tlachinollan ha tenido una participación relevante en el activismo social de Guerrero. Por un lado, apoya legalmente a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, y por el otro, a siniestros personajes que han generado actos de terrorismo en los Bienes Comunales de Cacahuatepec (zona rural de Acapulco), como es el caso de Marco Antonio Suástegui Muñoz.
¿Y quién es Marco Antonio Suástegui?
Es un personaje que, sin ser comunero, encabezó a cientos de campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que durante varios años se opusieron a la construcción de la presa ’La Parota’, un proyecto hidroeléctrico que representaba inversiones por poco más de 1,000 millones de dólares y que generaría diez mil empleos directos e indirectos durante su construcción, según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La presa La Parota también garantizaba la disponibilidad de agua potable para Acapulco durante los próximos 50 años, y propiciaría proyectos productivos y de beneficio social para las comunidades, permitiéndoles mejorar su calidad de vida.
El pasado 20 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló definitivamente el proyecto de La Parota.
Poco a poco, Suástegui ha perdido adeptos en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, ya que es una persona extremadamente violenta, que representa un serio peligro para Acapulco. Y eso no es todo. Ha pisado la cárcel en dos ocasiones.
El 7 de junio del 2014 fue detenido en Acapulco por diversos delitos: robo, abigeato (robo de ganado), tentativa de homicidio, lesiones simples, lesiones agravadas, ataques a las vías de comunicación, secuestro y portación de armas. De ahí fue trasladado al penal de Acapulco, después al penal de La Unión (entre los límites de Guerrero y Michoacán) y finalmente al penal de máxima seguridad de Nayarit.
A través de la presión que ejercieron Tlachinollan, organizaciones sociales ’hermanas’ y Rogelio Ortega Martínez –en ese momento gobernador de la entidad–, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó el 15 de agosto de 2015 la liberación de Suástegui.
Pero el domingo 7 de enero de 2018 fue nuevamente detenido junto con su hermano Vicente, de los mismos apellidos, y otros 30 integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC), después de un operativo realizado por elementos de la Policía del Estado, Ejército Mexicano y de la Policía Ministerial, acusados del asesinato de ocho personas en la localidad de La Concepción y de la privación ilegal de la libertad de otras dos, las que fueron liberadas, así como tener en posesión 17 armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y 580 dosis de marihuana.
Dos días después, el comisario de La Concepción, Florentino Melchor León, dijo en entrevista que Marco Antonio Suástegui tenía a su mando como policías comunitarios a ’pura gente delincuente, asesinos, mañosos, drogados, flojos, de calles, que no podían más que extorsionar’ a los automovilistas, y que él ordenó la masacre.
Y aseguró que el protegido de Tlachinollan tenía ’intimidado al pueblo, y queremos que no lo suelten’ para que se haga ’justicia’ y ’libertad para los pueblos’ de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, ’eso es lo que la gente pide’ y que actúen los tres niveles de gobierno en este caso, porque ’si no vamos a estar en una tristeza’ mayor y ’la gente ya no quiere, ya no, ya queremos paz, ya queremos que se tranquilicen los pueblos de La Concepción hacia arriba’.
En efecto, Suástegui es un sujeto muy peligroso. O, mejor dicho, un peligro para Acapulco y todo Guerrero.
El 26 de diciembre de 2018, se dio a conocer los nombres de los ’presos políticos’ que recuperarían su libertad a través de una amnistía promovida por el presidente López Obrador, y con base en una lista preliminar que elaboró la senadora por Morena y ex dirigente de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado García.
Y así fue. El 7 de junio de 2019, el gobierno de la Cuarta Transformación cometió el error de dejar libre a un enemigo de las instituciones y de la paz pública.
Lo más lamentable es que fuentes extraoficiales refieren que un nuevo grupo armado y/o guerrillero está surgiendo en la región de la Montaña y que, de un momento a otro, se presentarán ante los medios de comunicación para lanzar un fuerte mensaje contra el Estado mexicano.
La información no es descabellada. Tiene lógica.
De entrada, Gonzalo Molina González, personaje vinculado al EPR y ex inquilino del Penal de Chilpancingo, se le ha visto muy activo en la Montaña Baja portando un chaleco antibalas y acompañado de ’policías comunitarios’ que portan capuchas y armas de grueso poder.
Gonzalo Molina, al igual que Marco Antonio Suástegui, son marionetas de gente perversa que quiere una revuelta armada en la entidad e instalar un ’gobierno popular’.
Asimismo, uno que otro alcalde y representante religioso de la Montaña simpatiza y apoya –hasta cierto punto– la causa guerrillera.
Y si la guerrilla se mezcla con el narcotráfico, Dios nos libre.
Ojalá el gobierno federal se ponga las pilas y evite que Guerrero se incendie más de la cuenta.
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Twitter: @efiglesias



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