Reparación de daños

DE ACUERDO CON diversos ’testigos protegidos’ de la Agencia Antidrogas (DEA) del gobierno de los Estados Unidos el caso de la muerte de su exagente Enrique ’Kiki’ Camarena sigue abierto e involucra entre los responsables al entonces secretario de Gobernación de México, Manuel Bartlett Díaz.
La muerte del policía, en abril de 1985 en la ciudad de Guadalajara, ocurrió en circunstancias poco claras y llevada a cabo por la tortura de agentes de la Dirección Federal de Seguridad o por parte del narcotraficante Rafael Caro Quintero, personalmente o de sus gatilleros.
En defensa de Bartlett sus abogados han presentado 127 pruebas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos demostrando la escasa o nula credibilidad de esos ’testigos protegidos’ (Jorge Godoy López y René López Romero) en sus afirmaciones pues se trata de personas que habrían vivido bajo ese esquema y recibiendo apoyos económicos por parte del gobierno.
En los documentos entregados los litigantes subrayan que son ’dos secuaces corruptos de un exnarco mexicano y convertidos en informantes pagados por el gobierno de los Estados Unidos a principios de los (años) noventas’
El detalle es que a pesar de los intentos reiterados de la DEA durante años por llevar a Bartlett a las audiencias de ese proceso, hasta el momento sus intentos han sido infructuosos.
Ahora, con la próxima visita de la vicepresidenta Kamala Harris al país, es previsible que en sus agendas traiga este tema y sea abordado en sus encuentros con el presidente de la República y con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.
En esos encuentros privados, como ocurren habitualmente en la diplomacia internacional desde hace años, Harris apuntará que no viene solamente a comer tlayudas y recorrer algunos escenarios en plan de turista.
La vicepresidenta regresará a Washington con lo que espera respuestas claras y contundentes del gobierno mexicano al asunto de Bartlett, la creciente intromisión de narcotraficantes o sus personeros en la vida nacional, y la constante amenaza de mayor tráfico de ilegales centroamericanos al sureste.

EN OTRO SENTIDO, después de los meses de la situación de aislamiento social, derivada de la pandemia, ahora empezarán a manifestarse las reacciones emocionales en un número indeterminado de personas y entre ellos los niños que retornarán a clases escolares.
La realidad es que como seres humanos somos personas sociales, colectivas y de ninguna manera estábamos, forma parte de nuestro desarrollo personal y familiar.
En consecuencia ya las autoridades del sector salud avizoran esta problemática que se va manifestando en cuadros de depresión, aislamiento social, diversos grados de miedo, trastornos del sueño, estrés e inclusive violencia intrafamiliar.
Por ello la Jefa Nacional de Salud Mental, Lucía Ledesma Torres, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), recomienda, en el caso de los padres de los niños que regresan a clases, aumentar la comunicación entre todos los miembros de la familia.
Asimismo, es muy importante la observación del estado anímico con el objetivo de la detección oportuna de secuelas de salud mental, derivadas de la pandemia.
Sin embargo, apunta la especialista, esta situación nos ha demostrado las capacidades humanas para anteponernos a la adversidad adaptándonos a circunstancias inesperadas y complejas.
EL INSTITUTO NACIONAL de Transparencia, Acceso a la Información Pública (INAI) pidió a la Fiscalía General de la República entregue todas los datos y sentencias que tenga en contra Enrique Peña Nieto, en el período del 1 de diciembre de 2000 al 29 de enero de 2021, por delitos cometidos con anterioridad al ejercicio de sus funciones o encargo porque allí habrían decisiones atentatorias a los derechos humanos y otras por corrupción
Integrantes de la FGR respondieron que esa petición no podría atenderse porque Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que se considera información confidencial y contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.
A su vez el INAI respondió que la FGR debe detallar la cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación que ha abierto; el número de la averiguación y carpeta de investigación, el delito denunciado en cada indagatoria, la fecha de inicio de ésta, el estatus de cada una y la fecha de resolución de las que concluyeron en no ejercicio de la acción penal.
Así también, el número de averiguaciones o carpetas que fueron consignadas o judicializadas, las causas penales en las que recayó y el juzgado donde se radicó, si se logró alguna sentencia condenatoria, ya sea en primera instancia o definitiva, especificando la causa penal, delito y el tipo de sentencia y si en alguna de las consignadas y judicializadas se obtuvo sentencia absolutoria o sobreseimiento.
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