Responde el IEPC Guerrero solicitudes de ciudadanas y ciudadanos de Ayutla


Encabeza el presidente del organismo, Nazarín Vargas, los trabajos del Consejo General, en su X Primera Sesión Ordinaria

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Responde el IEPC Guerrero solicitudes de ciudadanas y ciudadanos de Ayutla
Política
Noviembre 27, 2019 20:42 hrs.
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El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO) desarrolló su Décima Primera Sesión Ordinaria en la que se aprobó el acuerdo por el que se da respuesta a las y los ciudadanos que presentaron dos solicitudes para el cambio de modelo de elección de autoridades del municipio de Ayutla de los Libres, del sistema normativo interno al sistema de partidos políticos.

El 10 de septiembre de 2019 se recibieron dos solicitudes, una de las cuales fue presentada por diez ciudadanas y ciudadanos que se autoadscriben como indígenas de Ayutla de los Libres, quienes piden al IEPCGRO realizar consultas en su municipio con el propósito de poner a consideración de la ciudadanía la modificación de la manera de elegir a sus autoridades, es decir, transitar del sistema normativo propio al sistema de partidos políticos y candidaturas independientes para el proceso electoral 2020-2021. El Consejo General determinó que tendrán que ser las propias comunidades a través de la instancia que, de acuerdo a sus usos y costumbres, decida si procede o no una consulta y, en ese sentido, determinar la posibilidad o no de volver al sistema de partidos políticos, respetando así su libre determinación y autonomía.

Durante esta sesión también se aprobaron las modificaciones al programa de trabajo para dar cumplimiento a la sentencia contenida en el expediente SCM-JDC-147/2019, emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación referente a la solicitud de ciudadanos y ciudadanas del municipio de Tecoanapa, Guerrero. Esta modificación es a efecto de que se adecúe a los plazos establecidos en el Convenio de Colaboración entre el IEPCGRO y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el propósito de cumplir con las condiciones que dicha institución requiere para tener listo el peritaje antropológico sin que se afecte el procedimiento metodológico establecido. Se modifican también los plazos para la entrega de la versión final de dicho dictamen por parte del INAH y, en consecuencia, la emisión de la resolución por parte del Consejo General del IEPCGRO, para el mes de febrero de 2020.

Asimismo, en esta sesión se aprobó el acuerdo mediante el cual se ratifica la excepción al procedimiento de Licitación Pública Nacional, para la contratación del servicio de desarrollo de la aplicación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y cómputos distritales; y la adjudicación directa del contrato a favor del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el cual tiene como finalidad contar con un PREP propio que nos represente un menor costo. Lo anterior en el marco del Convenio de colaboración institucional que se firmó con el IPN, en el que se atenderá no solamente la transferencia de software del PREP, de acuerdo al contrato establecido, sino que también se trabajará en conjunto para que este instituto electoral cuente con un sistema informático para los cómputos distritales que se desarrollen en las elecciones.

También se aprobó la creación e integración del Grupo de Trabajo interno de la Comisión Especial del Voto de la Ciudadanía Guerrerense Residente en el Extranjero, así como la aprobación del Programa Anual de Trabajo de dicha Comisión.

Finalmente, se emitió la Resolución relativa al procedimiento ordinario sancionador iniciado en contra del Partido Verde Ecologista de México, con motivo de la vista formulada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la Resolución INE/CG58/2019 en la que se da cuenta de la violación al artículo 209, numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, una vez demostrada la comisión de las faltas denunciadas que la sanción a imponer que se propone consiste reducción del 5% (cinco por ciento) de una ministración mensual que le corresponda por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes para el ejercicio dos mil diecinueve.

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