Se realizó los días 7 y 8 de septiembre pasado, con motivo de la conmemoración del 30 de agosto, día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas. Su convocatoria estuvo a cargo del Instituto Mora, la UACM y la MCTSS de la UAGro.
La idea directriz parte de una realidad ineludible: la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que se ha practicado durante los últimos 55 años y la invisibilidad, que con grandes esfuerzos se ha ido revirtiendo, no solo tropieza con una impunidad instalada por décadas sino con la pandemia por COVID- 19. Es así que se ha retrasado la búsqueda de verdad, justicia y reparación, por lo que los colectivos de familiares se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.
El conversatorio fue un espacio propicio para el diálogo en este doloroso escenario marcado por delitos de lesa humanidad. Fue estructurado en cuatro mesas y promovido a partir de preguntas clave en donde convergieron las voces de los integrantes de: colectivos de familiares, asociaciones de la sociedad civil, la academia, servidores públicos y representantes de organismos internacionales.
La desaparición forzada (o por particulares) en tiempos de coronavirus, se tituló la mesa 1. En ella se escucharon argumentos con balances y propuestas por parte destacadas integrantes de colectivos como Tita Radilla Martínez (AFADEM), María Herrera Magdaleno (Enlaces Nacionales), Claudia Rosas Pacheco (Oficina Municipal de Apoyo a BPD, Ahome), de reconocidas representantes de ong’s como Valeria Moscoso Urzúa (CMDPDH), Diana Bustos Ríos (EMAF) y Natalia Pérez Cordero (FUNDAR) y de servidores públicos como Macuilxochitl Mejía Jiménez (INCIFOPJ) y Javier Yankelevich Winocour (CNB-SEGOB).
Entre los principales puntos que se destacaron por parte de las familiares fue que existen grandes dificultades para la búsqueda en el contexto de la pandemia. Se coincidió en que no se ha detenido la búsqueda pero que es necesario salir con autoridades y además de la inseguridad con la que se hace, existe un grave problema que es la identificación para la que el gobierno tiene los medios que permitirían realizar el procedimiento. Cuánto dolor, se evocó, cuando al ubicar restos no se logra saber a quiénes pertenecen. En el caso de Ahome-Sinaloa, se ha contado con apoyo municipal, que sin duda facilita una búsqueda más digna, sin embargo, se externó la necesidad del involucramiento de los 3 niveles de gobierno. Con énfasis se comentó que buscar a los 43 es una acción muy buena, pero, ’queremos el mismo apoyo que se da para Ayotzinapa a todos’. El discurso del gobierno es una cosa, las acciones otra; por ello se reclama que se procuren las formas incrementar la búsqueda. ’Deben cuidar a la sociedad, nuestros hijos tienen rostro y los estamos buscando, no son números’. Con la certeza de que también los familiares son víctimas, que sienten dolor por advertirse ignorados, se manifestó que ha sido un aliciente la noticia de la ayuda internacional en la aceptación de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Mientras que se siguen demandando las diligencias pendientes por los desaparecidos de los años 70, la citación a militares a declarar y que aún no procedió y un fuerte reclamo por la apertura de archivos para ’saber dónde están’.
De las voces de integrantes de las asociaciones de la sociedad civil, se escuchó que las prioridades del Estado no están centradas en la búsqueda e investigación. Lo cual se agrava porque la situación actual de confinamiento dificulta el acompañamiento de las redes de apoyo y provoca una mayor vulnerabilidad. Ello debido a que las búsquedas se realizan con menos personas y seguridad porque las familias con o sin su trabajo están afectadas en su salud. Se ha producido así un circulo vicioso agravado por la austeridad. Hay también una sobrecarga a los colectivos por información y el trabajo de búsqueda no puede verse como algo romático, se le quita al Estado su obligación.
La Unidad de Búsqueda de la CNB ha alcanzado un protocolo homogeneizado, pero hay que implementarlo para estar evaluando la búsqueda. A propósito del protocolo, se retomó que algunos aspectos, habían sido expresados y argumentados por Omar Pérez (integrante del EMAF recientemente fallecido y a quien en su honor se dedicó este conversatorio). En tal sentido, se manifestó la necesidad de desarrollar sinergias institucionales, se expresó que el equipo forense no ha sido convocado ha colaborar, al mismo tiempo que se propuso elaborar una regulación bioética, al señalarse que existen muchas quejas sobre las lentas reacciones de apoyo en cuarentena por parte de algunas instituciones estatales y federales. Se reconoce que la CNB retomó la labor, se cuestionó la falta de interlocución entre diferentes instituciones para atender el problema. Se manifestó que se requiere no solo el mecanismo de búsqueda, sino otros mecanismos en tanto que no se debería reducir el presupuesto. Se advirtió sobre la necesidad de creación de registros pero que sean públicos y se de a conocer la metodología del RNDP para entender cómo se constituyen las bases que posibiliten definir los patrones de violencia.
Así también se compartió que las sedes de INCIFO colaborarán con las comisiones locales de búsqueda, y en cuanto a la actividad forense se ilustró cómo está reactivada por parte de la CNB. Se puso énfasis en que no todo es búsqueda forense y que se está desarrollando una confronta de datos de personas en vida. Se debe considerar que no todos son víctimas de desaparación y ha sido necesario ampliar la lente para determinar otros tipos de violencias.
La segunda mesa, El plantón de colectivos de familiares y las demandas al Estado, a partir de las intervenciones de Karla Pérez (Colectivo MBD), Yolitzy Martínez (Colectivo RTH), Yadira González (DJ-A.C. Querétaro) y Ma. Guadalupe Rodríguez (Colectivo PFDSA de Guerrero), se expuso que uno de los puntos medulares del mismo fue demandar la renuncia de la excomisionada de la CEAV Mara Gómez, y el otro, la reivindicación de mayor apoyo presupuestal. Asimismo, en la intervención de Alvaro Martos se resaltó que el plantón del Zócalo, cuya duración fue de un mes, evidenció la fragilidad y contradicciones institucionales, pero también la fuerza obtenida por el logro unitario de los colectivos. En esta misma mesa, Jorge Verástegui (FUNDEC) se refirió a la fractura del Estado, y con ello la inoperatividad de la CEAV, mientras que Juan Carlos Gutiérrez (IDEHAS), subrayó que incide negativamente la falta de un reglamento interno desde el gobierno de Peña Nieto, el reciclaje de funcionarios, la ausencia de reparación del daño integral, ya que no se reconoce que los familiares son proclives a adquirir enfermedades, como resultado de la desaparición forzada que se vive al interior de su grupo; además de la existencia de una fuerte burocratización de la Comisión que tiende a canalizar a las familias hacia distintas instancias (salud, educación e INFONAVIT), sin recibir la atención requerida.
En la mesa 3, Morir por pandemia, ser asesinado o desaparecer: ¿opciones del actual escenario mexicano?; quienes trabajan en tareas de búsqueda desde lo forense, como Fenice Padilla (Fiscalía General de Querétaro), Roxana Enríquez (EMAF) y Mónica Morales (CNB-SEGOB), coincidieron en que es necesario aprovechar el momento actual para avanzar en la revisión de expedientes en aras de la identificación, mediante la comunicación de forma virtual. Mientras que, en la misma mesa, Graciela Pérez (Milynali Red CFC A.C.), se preguntaba si existe un protocolo de intervención durante la pandemia y en distinats participaciones se afirmó la falta de coordinación entre instancias gubernamentales como la CNB y la FGR. El escepticismo hacia las instituciones no estuvo ausente cuando intervino, por ejemplo, Janahuy Paredes (COFADEM), en virtud que tienden a desgastar el trabajo de las familias. Como cierre, Humberto Guerrero (FUNDAR), sostuvo que la pandemia viene a sobreponerse a la crisis de derechos humanos en un sistema colapsado con deficiencias profundas; ello conduce a que se revictimice a las familias.
Por último, en la mesa 4, ¿Un nuevo escenario para llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa?, Vidulfo Rosales (Centro de DH Tlachinollan), abogado de lo padres de Ayotzinapa, señaló que la FGR obstaculiza el avance de la investigación. Indicó que se negaron 46 órdenes de aprehensión y se descartaron testimonios obtenidos bajo tortura. Por su parte, Raymundo Díaz Taboada (Colectivo contra la Tortura) y el periodista John Gibler, señalaron que no se puede acceder a la verdad, justicia y no repetición, en tanto continúen en sus cargos los mandos medios de la FGR y del ejército, así como jueces, que provienen del gobierno de Peña Nieto. Por su parte Félix Santana (DGE para atención de DH-SEGOB), señaló que hay un compromiso del gobierno actual de ’no forzar narrativas, y que caerán quienes deban caer, desde integrantes del ejército, policías y hasta jueces’.
El cierre de la mesa y como conclusión del conversatorio, Ángela Buitrago Ruíz (GIEI), puso énfasis en que la autonomía, independencia e interlocución son los elementos del grupo que les permite avanzar frente a la obstrucción, destrucción y ocultamiento en que se ha visto la investigación. ’La justicia requiere de una mirada de lo que es hoy la violencia y la desaparición en México. La justicia no solamente se debe a 43, se debe a un país y se debe a una multiplicidad de desaparecidos’.
