Servicio eléctrico cuestionado

¿Se imagina que el gobierno federal, inconforme con los servicios prestados por Teléfonos de México (Telmex), decidiera crear una empresa paraestatal para hacerle competencia? Claro que esa nueva compañía de telecomunicaciones operaría tal como la existente hasta antes de 1990, cuando precisamente esa empresa era propiedad del gobierno federal.
Debe recordarse que en ese entonces el servicio ofrecido por Telmex se podía calificar con un simple calificativo: pésimo. Las razones eran simples: no existían líneas disponibles, el servicio era caro, la atención a las descomposturas en aparatos o las líneas tardaban hasta semanas en ser atendidas, entre otras deficiencias.
Después de que en 1990 Telmex se privatizó esas situaciones cambiaron y el servicio mejoró de forma lenta pero constante. No se puede considerar que actualmente sea perfecto, pero en comparación al ofrecido hace más de 30 años no existe un punto de comparación.
Ello a pesar de la actual competencia con otras empresas, tanto nacionales como extranjeras, que proporcionan servicios de telefonía fija y celular así como internet, tanto para el público en general como para empresas y en servicios oficiales, Telmex continúa siendo la que atiende a la mayor clientela en todo el país.
Entonces si el gobierno federal intentara crear una compañía con la mentalidad de hace más de tres décadas, sencillamente fracasaría ya que no podría competir con las actuales condiciones del mercado del inicio de la tercera década del Siglo XXI.
Algo similar sucede con la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de tipo preferente, es decir con prioridad sobre otras propuestas agendadas para ser discutidas.
Más allá de los argumentos legales, la idea central es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, empresa productiva del Estado, para ’beneficio del interés nacional’, con el presunto objetivo de no incrementar las tarifas de electricidad –solo aplicarían los ajustes de la inflación– y garantizar al servicio ’como pieza estratégica de la seguridad nacional’.
Para ello la prioridad de generación en las centrales eléctricas la prioridad sería para 1.- Energía Producida por las Hidroeléctricas, 2.- Energía Generada en otras Plantas de la CFE, 3.- Energía eólica o solar de particulares y 4.- Ciclos Combinados de empresas privadas. En otras palabras marginar y desplazar a empresas generadoras del sector privado en favor de la CFE.
Sucede que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere repetir cómo funcionaba la administración pública federal en los años sesenta y setenta del siglo pasado, donde el gobierno, además de ser propietario de gran cantidad de las llamadas empresas paraestatales, mantenía el monopolio de servicios e industrias aunque su operación resultara poco productiva.
Pretende que el gobierno controle y administre las actividades prioritarias, pero si hace medio siglo su éxito resultaba dudoso, ahora bajo otras condiciones económicas, políticas y sociales, simplemente el que reasuma la responsabilidad de su operación no garantiza ni eficiencia ni mucho menos productividad, además de que ahora la CFE prefiere generar las llamadas energías sucias, producidas con materia prima fósil, marginando a las limpias producidas de forma natural que es la tendencia a nivel mundial.
Además la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó los elementos centrales de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, propuesta por Rocío Nahle, secretaria de Energía nada menos que por violar el derecho de libre competencia, señalado en la Constitución, al otorgar una "ventaja indebida" a la CFE e invadir facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica.
Según legisladores de Morena, se proponen reformar una ley secundaria en materia energética, pero si es aprobada por el Congreso de la Unión, de inmediato se presentarían ante la SCJN acciones de inconstitucionalidad que impedirían la vigencia de los presuntos cambios.
En el supuesto caso de que procedieran las reformas, resultaría más cara la generación de electricidad por la CFE, pero ante el compromiso presidencial de no elevar las tarifas entonces se debería incrementar el actual subsidio, lo cual significaría dedicar recursos públicos a ese propósito en lugar de canalizarse a otras necesidades sociales, como serían en estos momentos adquisición de medicinas de todo tipo, no solo vacunas anticovid.
Pero ya existen voces de inconformidad: el Consejo Coordinador Empresarial calificó a la iniciativa como la apertura a una expropiación indirecta para apoyar a la CFE, mientras la Cámara de Comercio de Estados Unidos pidió al gobierno de México retire esa iniciativa ya que esta podría restablecer un monopolio y violaría compromisos fijados en el nuevo tratado de libre trinacional de libre comercio.
En resumen la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica resulta ser otra ocurrencia presidencial que, de ser impuesta, provocaría más problemas de los que pretende resolver.