En México, el sistema republicano de gobierno se divide en tres poderes. El ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo, como su nombre lo indica, es el encargado de ejecutar las acciones, planes y programas administrativos para beneficio de la sociedad, propuestas planeadas y establecidas en el plan nacional o estatal de desarrollo a ejecutar durante el mandato, sea del Presidente de la República, Gobernadores e incluso, Presidentes Municipales.
El poder Legislativo, tiene la obligación de legislar las leyes y reglamentos, disposiciones, puntos de acuerdos, exhortos que sean necesarios, así como atender el funcionamiento de organismos que en base a comisiones tienen la obligación de vigilar el buen desempeño y ejercicio de los recursos
Públicos destinados en cada presupuesto.
El poder judicial tiene como obligación fundamental llevar la justicia a todos los sectores de la ciudadanía, desde el ámbito político, hasta la más pequeña parte de la sociedad como lo son los individuos.
Sin embargo, y por desgracia, en un país lleno de corrupción como lo es México, políticos, legisladores, funcionarios públicos por igual, se han valido para obtener beneficios particulares gracias a un sistema judicial que se los ha permitido.
Bajo este principio, se podría decir, que no habría corrupción si realmente se aplicaran las leyes.
El problema es, que quienes se encargan de aplicarlas no siempre lo hacen con el principio de la Justicia ciega e imparcial. En México, la justicia es en cierta forma y frecuentemente simulada, llega más en favor de quien tiene más poder económico, por tráfico de influencias y relaciones.
Dentro del poder judicial, cuando el control, vigilancia y aplicación real de la ley en todos su sentidos, donde se incluyen medidas y sanciones coercitivas, correctivas inclusive a sus propios miembros es ineficiente, la justicia se hace selectiva, parcial o extremadamente lenta.
Casos de justicia simulada, existen de sobra. Para nadie es ajeno conocer de procesos donde justos pagan por pecadores, donde autoridades judiciales y abogados solo hacen dilatorios los procesos con la finalidad de obtener beneficios o revanchas al amparo de la ley; o incluso, procesos donde benefician a presuntos culpables y condenan a personas inocentes que les hacen pasar por tortuosos episodios por encargo de poderosos influyentes o mejor conocidos como intocables.
Solo por citar ejemplos, se tiene el proceso que por violencia familiar siguió la hoy fallecida Abril Pérez, asesinada el pasado lunes 10 de febrero, quien tras largos 8 meses, con evidencias claras de haber sido víctima de femenicidio en grado de tentativa por parte de su entonces esposo, logró que se girara una orden de aprehensión en su contra y fue detenido; sin embargo, jueces y magistrados reclasificaron el delito a lesiones y violencia intrfamiliar porque consideraron que su esposo no tenía la intensión de matarla dormida a pesar de haberla golpeado con un bat de beisbol mientras lo hacía.
Hoy, Abril está muerta, fue asesinada arteramente a balazos en la vía pública, no contaba con enemigos, y la única potencial amenaza que tenía, era su ex esposo. La Procuraduría capitalina emitió una queja exigiendo explicaciones del por qué dos jueces y un magistrado reclasificaron su caso y aprobaron eliminar la medida cautelar de prisión preventiva, lo que se sabía ponía en riesgo la vida de la hoy occisa. ¿Qué otros elementos obscuros o encubiertos propiciaron la liberación de este hombre por parte de dos jueces y un magistrado? Hoy se informa que han sido suspendidos para proceder a investigar a autoridades que en teoría deberían garantizar nuestra seguridad jurídica, y eso, no sucedió en este caso.
En otro caso, en Quintana Roo, las actuales autoridades estatales en presunto contubernio con las autoridades judiciales, mantienen en prisión al ex alcalde de Solidaridad y ex candidato a Gobernador Mauricio Góngora ’N’ por supuestos delitos que uno a uno ha logrado desestimar, pese a ello, a decir de su defensa, han echado mano de todo tipo de argucias por la rivalidad o rencor que el actual gobernador Carlos Joaquín González tiene en contra del afectado, sin hasta ahora poderle comprobar una sola de las imputaciones que obran en su contra. Sin embargo, sigue en prisión sin el beneficio para llevar su proceso en libertad.
En Sonora, por ejemplo, una empresa dedicada a la acuacultura, que llevaba un proceso mercantil en su contra por el incumplimiento de un adeudo, y que las autoridades de dicha entidad fallaron a su favor, desestimando la demanda de la contraparte al haberse declarado previamente en banca rota, por extrañas y desconocidas razones derivó en un proceso penal en su contra, pero en el estado de Jalisco, en donde ni siquiera contaba con expediente abierto alguno que motivara se giraran órdenes de aprehensión no solo de los dueños sino hasta de una gran parte de sus familiares, quienes ni siquiera formaban parte de la empresa; pese a ello, el matrimonio propietarios de la empresa fue detenido desde 2018 y consignados en un penal de Jalisco.
Jalisco, a decir de Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la entidad en todo el país con más denuncias en contra de autoridades judiciales, así lo afirmó el 3 de mayo de 2019, ya entonces tenían varias investigaciones, denuncias y procesos disciplinarios en contra de Jueces y Magistrados de aquel estado por posibles actos indebidos o de corrupción.
Jalisco, merece mayor atención por diversos hechos inexplicables en materia judicial, pero serán tratados en próximas entregas.
