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Traslada SSEM a 50 personas privadas de su libertad a penales federales



· Los trasladados son sentenciados ejecutoriados; al momento suman 149 los internos reubicados

Marzo 07, 2018 19:00 hrs.
Gobierno Estados › México Estado de México
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TOLUCA, MÉX, A 7 DE MARZO 2018.- Como parte de las acciones para mantener el orden en los espacios penitenciarios estatales, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad (SSEM), efectuó el traslado de 50 personas privadas de su libertad (PPL) a distintos Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO).

Este es el tercer traslado masivo que la Subsecretaria de Control Penitenciario (SCP) realiza, dando un total de 149 internos considerados por sus perfiles criminológicos y psicológicos de un alto perfil, enviados en los últimos cuatro meses a diversos centros penitenciarios.

Para brindar certeza a las acciones implementadas la mañana de este miércoles por el Gabinete de Seguridad, además de la Policía Estatal participaron la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Policía Federal (PF).

El traslado, de acuerdo al protocolo de acción, se realizó con apego irrestricto a los derechos humanos de las personas sentenciadas que fueron enviadas a otros centros penitenciarios, principalmente por delitos de alto impacto como delincuencia organizada, homicidio, extorsión y secuestro.

Las 50 personas privadas de la libertad proceden de once Centros de Prevención y Reinserción Social estatal, ubicados en los municipios de Tlalnepantla, Otumba, Ecatepec, Tenango del Valle, Chalco, Nezahualcoyotl, Almoloya de Juárez, Jilotepec, Técnico, El Oro y Sultepec, entre otros, y con su traslado se persigue también evitar la sobrepoblación en los penales mexiquenses.

En el operativo participaron 179 elementos y 41 vehículos de las diferentes corporaciones.

Con acciones contundentes, el Gobierno del Estado de México trabaja en sinergia con las diferentes dependencias a fin de evitar actos de corrupción e impunidad que pongan en riesgo a la población penitenciaria, medidas que forman parte de la estrategia instruida en el Decálogo de Seguridad de la actual administración.

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