Violencia en razón de género, una causal para solicitar y recibir asilo en México


Entre enero y mayo de 2021, las mujeres representan el 40% de las personas solicitantes de asilo en el país, COMAR

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Violencia en razón de género, una causal para solicitar y recibir asilo en México
Derechos Humanos
Junio 21, 2021 15:46 hrs.
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Joaquín Bojorges › Informativo Nacional

Violencia comunitaria, familiar, sexual, física, económica e institucional, así como la desigualdad, en sus diversas dimensiones, son algunas de las causas por las que las mujeres salen de sus países, esperando sobrevivir en un nuevo lugar. No obstante, la violencia no termina con salir de su país, a veces son perseguidas más allá de las fronteras o se enfrentan a la discriminación y rechazo en el Estado en el que se encuentran, enfrentándose a sistemas discriminatorios, desiguales y violentos.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), de enero a mayo de 2021 han recibido 41 mil 195 solicitudes de asilo, 40% corresponden a mujeres (15,551). La mayoría proviene de Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Haití. En 2020, representaron el 38% de quienes solicitaron asilo en el país. El sur de México es donde se concentran dos terceras partes de las solicitantes.

Aunque el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de México establece a la violencia en razón de género como una causal para solicitar y ser reconocida como refugiada en México, no basta con reconocerlo en el papel, se necesitan acciones que lo garanticen. La COMAR debe considerar el enfoque de género al momento de resolver las solicitudes de asilo, no hacerlo profundiza las desigualdades sociales que viven las mujeres y reproduce la violencia.

Para las mujeres solicitantes de asilo, la reproducción de la violencia se da desde la espera de su proceso, muchas veces largo, en detención y en condiciones de hacinamiento, así como en las cargas desproporcionadas en el cuidado de sus familiares, y las dificultades para acceder a servicios básicos de salud, educación y empleo. Para las mujeres refugiadas, significa no poder acceder a trabajos justos, educación para sus hijas e hijos, servicios de guarderías, y rechazo de la comunidad. En el contexto de la pandemia, al dificultar su acceso a la salud e ignorando sus especificidades al momento de integrarlas en los planes de vacunación contra la COVID-19.

Mientras que negar el derecho a solicitar asilo, retrasar las resoluciones, intervenir para que desistan de sus solicitudes, detenciones prolongadas en condiciones precarias o separación familiar en la detención, constituyen formas de violencia institucional. Identificar los tipos (física, sexual, patrimonial, económica, emocional, digital) y modalidades (familiar, laboral o docente, comunitaria, institucional y feminicida) de violencia contra las mujeres solicitantes de asilo y refugiadas, es un primer paso para una mejor resolución de sus casos.

De las mujeres que fueron representadas por el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) en 2020, 7 de cada 10 reportó haber sufrido agresiones físicas, ya sea en su país de origen o en México, no solo por miembros de pandillas y de la delincuencia organizada, en algunos casos también de la familia, compañeros de trabajo, y autoridades — ya sean policías, militares, guardia nacional o agentes de migración— representando una constante amenaza para su movilidad y búsqueda de protección. Además de no existir mecanismos efectivos y eficientes de acceso a la justicia, lo que impide que denuncien la violencia de la que son objeto.

En el contexto del Día Mundial de las Personas Refugiadas, desde el IMUMI hacemos un llamado al Estado mexicano a generar acciones afirmativas para integrar a las mujeres refugiadas al país, y facilitar su reconocimiento. México seguirá recibiendo a mujeres solicitantes de asilo, las causas que las obligan a dejar sus países no van a desaparecer en el corto plazo, se necesitan acciones que garanticen su protección y no la detención y deportación. Aunque no existe una sola respuesta, desde la sociedad civil hemos compartido algunas pistas, entre ellas, que el gobierno mexicano cumpla con la legislación nacional e internacional; fortalezca la capacidad de la COMAR; las considere como parte de la recuperación económica, con sueldos y derechos laborales justos; e integrándolas al país sin discriminación.

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